La gran transformación: debate capítulo 5       

Junto con acciones del sector que potencien la oferta digital legal para facilitar al máximo la compra, ¿qué mecanismos se pueden arbitrar para desincentivar el recurso a la oferta ilegal?

“¿Cómo afrontar estos y otros desafíos teniendo en cuenta, además, que digital significa por defecto y, en gran medida, global, y que a pesar de los esfuerzos para una armonización mundial o regional (Unión Europa), las regulaciones legales de los derechos de autor son nacionales?”1

Esta es la gran pregunta que se lanza en los últimos párrafos del capítulo cinco deLa gran transformación y a ella nos remitimos para contestar.

En un mundo en el que el libre mercado compite con las leyes para la fijación del precio del libro, hemos de adecuar un sistema que haga accesible la cultura y el saber a todas las personas. Partiendo de la base de la educación como derecho fundamental, hemos de cambiar las leyes acerca de la oferta digital. Para no transmitir una imagen de círculo vicioso con respecto a los procesos que provocan esta situación, haremos un análisis bastante sintético de los factores que provocan la libre circulación digital. En primer lugar, cabe aclarar que el concepto de “ilegal” no tiene por qué significar “no ético”, ya que según los derechos fundamentales, el ser humano tiene derecho a una educación y esta tesitura en que vivimos, no propicia este derecho. En este punto, no es menester hacer distinciones entre “educación” y “cultura” pues en esta noción, van de la mano.

Como bien plantea la cuestión final del capítulo cinco, “digital” significa que forma parte de la red y cualquier persona puede acceder al contenido. Si bien hay muchos procesos por los cuales una obra pasa a ser digital, nos detendremos levemente en los casos más generales.

El primer caso, refiere a la traslación directa de una obra o edición concreta a la red mediante la digitalización y puesta en descarga libre (que no siempre gratuita). En el caso de que sea gratuita, los creadores de la edición mencionada no reciben ni un céntimo por su trabajo, por tanto, pierden su tiempo y parte de su inversión. En el caso de que se compre su descarga, otra  plataforma ajena al trabajo de los editores se lucra a costa de su trabajo y esa es una situación todavía menos deseable para los afectados.

El segundo caso, implica la traducción libre o no regulada de cierta obra y que, tras su edición, pasa a formar parte de la red. En este apartado, también pueden figurar las ediciones libres de otras obras. En este caso, la  persona editora debe decidir si poner en valor su trabajo o no. Normalente, se trata de ediciones no anotadas, mucho menos filológicas y con errores de edición, maquetación, lingüísticos y de contenido o falta de él.

En el primer caso, el sistema capitalista en el que vivimos afecta tanto a los editores por cobrar simplemente un diez por ciento de su trabajo como a las empresas edioriales. Este es uno de los casos en que una disposición es legal pero no ética. No nos preocupamos tanto por el hecho de que las empresas editoriales pierdan dinero por este fenómeno, ya que se lucran del trabajo de sus editores y los beneficios deberían repartirse de manera más igualitaria. En este sistema, no cabe más solución que los autores luchen por sus derechos de producción. En cambio, en una sociedad más igualitaria, a la cual también se puede llegar a través de reformas, si no se cambia de sistema económico, sería el Estado el que se ocupase de la íntegra gestión cultural y su entera accesibilidad. Igualmente, debe preocuparse de que todas las personas tengan disponibilidad de toda obra cultural y educativa. Debería ser el Ministerio de Educación el que se ocupase de decidir los contenidos que se financiarían en connivencia con una ley de Educación que se adecuase a estos fines y fuese igualitaria para todo el Estado. Con igualitaria no se refiere a “uniforme” o en oposición a la diversidad, sino igual de accesible a toda la población. En el aspecto cultural, debería fijarse un precio considerablemente reducido de todos los libros. Esta reforma introduciría que empresas editoriales y los autores se repartirían las ganancias a partes iguales. Los beneficios de las empresas disminuirían, no así, los de los autores. En los casos de libros educativos, el Estado sería quien pagase a los editores por su trabajo y quien se ocupase de su distribución gratuita y accesible a todas las personas. En el caso de los libros culturales, un tribunal decidiría también qué libros financiar haciendo así accesible parte de la cultura. Este sistema no interferiría con las ediciones libres que, realmente, no significan  un problema, salvo en caso de que el autor del libro traducido estuviese vivo. Si han pasado setenta años de su publicación, solo se reconocen los derechos morales de la obra y no hay lucro posible. En el caso de que el autor estuviera vivo, sería el Estado quien financiase su traducción y quien pagase los derechos. El autor decidiría en ese caso dónde quiere que se publique su obra.

 Las ediciones no reguladas, en la actualidad, plantean un problema con respecto a su calidad y la utilización descuidada de los usuarios, pero esto forma parte del criterio propio. En el caso de las ediciones digitales, se presenta una doble autoría, por un lado, el autor del contenido y por el otro, el editor-maquetador. Los beneficios, en caso de que la gestión corriese a cargo de una editorial se repartirían a partes proporcionales. En el caso de un libro educativo, el Estado financiaría a su maquetador como un autor más. De esta manera, se reduciría casi en su totalidad la digitalización descontrolada de libros y su distribución. Esto impediría que empresas ajenas a la edición se lucrasen. La población no tendría necesidad de recurrir a estas tretas pues sus necesidades estarían cubiertas casi en su totalidad. La disminución del precio de los libros propiciaría que no hubiese necesidad de digitalizar ediciones de manera ilegal y la casi total desaparición de ediciones no reguladas. Es más, sí se regularía si  se distribuye alguna edición limitada con un número reducido de ejemplares en un ámbito más personal.

Estas medidas vendrían acompañadas de la reducción e incluso, eliminación del IVA cultural.

  1. Laboratorio de ideas sobre el libro, La gran transformación. Panorama del sector del libro 2012-2015, (2012),Madrid.
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